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El Tribunal Supremo limita la condena solidaria de la empresa que adquirió en el concurso la unidad productiva y se subrogó en el contrato de la persona trabajadora a la parte de los 10.421,02 euros adeudados que no asuma el Fondo de Garantía Salarial, más su interés legal. Así lo había acordado el juez del concurso al autorizar la venta, excluyendo de la subrogación los salarios pendientes asumidos por ese organismo. La Sala considera válida esa exclusión porque ya figuraba en la Ley Concursal de 2003, a diferencia de la que excluía a las personas trabajadoras no subrogadas.
Cuando el juez del concurso acuerda que la adquirente de una unidad productiva no se subrogue en los salarios e indemnizaciones pendientes asumidos por el Fondo de Garantía Salarial, la exclusión es válida frente a las personas trabajadoras subrogadas y la adquirente responde solo del resto. El auto colectivo no impide a cada persona trabajadora discutir en su proceso individual el alcance de la sucesión.
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