¿Puede declararse injustificada una suspensión colectiva de contratos cuyas causas se apoyan en cuentas no auditadas?
Sentencia de Tribunal Supremo del 07/10/2026 en materia de DESPIDO COLECTIVO, ERTES Y ERES
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Resumen
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la empleadora y confirma la sentencia de la Audiencia Nacional que, en el conflicto colectivo promovido por UGT, CCOO y USO, declaró injustificado el expediente de regulación temporal de empleo y reconoció el derecho de las personas trabajadoras afectadas a ser repuestas en sus anteriores condiciones de trabajo. La Sala considera que, conforme al artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, corresponde a la empresa acreditar las causas y que la Audiencia Nacional ejerció razonadamente su competencia valorativa al no conferir valor probatorio a una contabilidad elaborada unilateralmente y no auditada ni a un informe técnico no ratificado en juicio. Con apoyo en el Código de Comercio y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, afirma que la ausencia de auditoría, cuando sea preceptiva, o los reparos sustanciales en ella pueden ser razones legítimas para negar a las cuentas el valor pretendido por la empresa. Al no haberse demostrado errónea esa valoración ni denunciado su carácter absurdo o inmotivado, las causas no quedan acreditadas y la medida no está justificada.
Supuesto de hecho
- La empleadora es una empresa de ámbito estatal del sector de la seguridad privada, dedicada al mantenimiento de sistemas de seguridad contra robo e intrusión y de protección contra incendios. Desde abril de 2025 aplicaba un primer expediente de suspensión, concluido sin acuerdo, que afectaba a 31 personas trabajadoras.
- En mayo de 2025 la empleadora anunció un nuevo expediente de regulación temporal de empleo para toda la plantilla. Tras un periodo de consultas sin acuerdo, en junio de 2025 comunicó la suspensión total de los contratos de 122 personas trabajadoras entre julio de 2025 y junio de 2026, con calendarios provisionales de afectación, invocando causas económicas, organizativas y productivas.
- Las cuentas anuales de 2024 presentadas a la parte social no estaban auditadas y las de 2025 eran provisionales, referidas al primer cuatrimestre, ambas con resultado negativo. El informe de la Inspección de Trabajo constató las pérdidas, pero advirtió que su fiabilidad no se conocería sin auditoría y que concurriría la causa alegada si las cuentas auditadas coincidían con las presentadas.
- UGT, CCOO y USO interpusieron demanda de conflicto colectivo solicitando la nulidad de la medida o, subsidiariamente, su declaración como injustificada, con reposición de las personas afectadas en sus anteriores condiciones y resarcimiento de los perjuicios económicos derivados de la suspensión.
- La Audiencia Nacional rechazó la nulidad, estimó la petición subsidiaria, declaró injustificado el expediente y reconoció el derecho de las personas afectadas a ser repuestas en sus anteriores condiciones de trabajo. La empleadora recurrió en casación solicitando la revisión del hecho probado sobre las cuentas y denunciando la infracción de los apartados 1 y 2 del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.
Consideraciones jurídicas
- El Tribunal Supremo examina si el expediente era conforme con los apartados 1 y 2 del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por haber quedado acreditada su causa. La parte recurrente sostenía que sus cuentas reflejaban elevadas pérdidas, que el valor probatorio restringido que la instancia les atribuyó no equivalía a carecer de valor y que esta erró al elevar la auditoría a requisito imprescindible, cuando debió tener por acreditadas las cifras contables. Los sindicatos y el Ministerio Fiscal se opusieron a la estimación del recurso.
- La Sala recuerda que el artículo 47.1 del Estatuto de los Trabajadores permite la suspensión por causas económicas cuando los resultados reflejen una situación económica negativa, como pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de ingresos o ventas, y exige un juicio de proporcionalidad, correspondiendo a la empresa la carga de acreditar las causas y su suficiencia. La empresa aportó esencialmente una contabilidad elaborada unilateralmente, que la Audiencia Nacional no consideró creíble por no estar auditada, y un informe técnico que la instancia equiparó a una mera exposición unilateral al no haber sido ratificado ni sometido a contradicción en juicio.
- La Sala precisa que la instancia no negó que las pérdidas alegadas pudieran constituir causa suficiente, sino que el material probatorio no las acreditaba, y asumió la valoración de la Inspección de Trabajo, que supeditaba la fiabilidad de las cuentas a su auditoría. Por ello rechaza la revisión fáctica pretendida, ya que el hecho probado solo recoge el contenido de las cuentas presentadas, no su realidad, y el informe del auditor únicamente acreditaba que la auditoría no había podido iniciarse hasta septiembre de 2025, sin que la recurrente justificara el error de la instancia.
- El Tribunal añade que la valoración de la prueba es competencia soberana del órgano de única instancia y solo es revisable de forma limitada por la letra d del artículo 207 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, utilizada sin éxito. La letra e no sirve para revisar hechos probados, y la recurrente no planteó la nulidad por valoración absurda o inmotivada por la vía de la letra c ni invocó norma alguna que impusiera otra valoración.
- La Sala recuerda que el artículo 31 del Código de Comercio remite la apreciación de los documentos contables a las reglas generales del Derecho y que el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ordena valorarlos conforme a las reglas de la sana crítica. Concluye que la instancia ejerció razonadamente su competencia valorativa, pues la ausencia de auditoría, cuando sea preceptiva, o los reparos sustanciales en ella pueden justificar que no se confiera a las cuentas el valor pretendido por la empresa. Al no estar acreditados los datos económicos y productivos, desestima el recurso de conformidad con el Ministerio Fiscal y confirma la sentencia de instancia.
Conclusión Lexa
Cuando la empresa pretende acreditar las causas de una suspensión colectiva de contratos con una contabilidad elaborada unilateralmente y no auditada y con un informe técnico no ratificado en juicio, el órgano de instancia puede negarles valor probatorio y declarar injustificada la medida por falta de prueba de las causas. La ausencia de una auditoría preceptiva o sus reparos sustanciales son razones legítimas para esa valoración, que solo puede revisarse en casación si se demuestra errónea, absurda o inmotivada.
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