¿Procede declarar la fijeza por abuso de temporalidad en la Administración Pública si la persona trabajadora superó previamente la fase eliminatoria de una oposición para plazas fijas?

• El Tribunal Supremo reorienta el debate para establecer las consecuencias generales del abuso de temporalidad, asumiendo que la reciente doctrina europea (sentencia "Obadal") ha invalidado la figura del indefinido no fijo (INF) por mantener la precariedad de la víctima sin sancionar realmente a la Administración. Ante este escenario, la Sala explica detalladamente qué sucede y por qué no se puede otorgar la fijeza a quienes no han superado un examen u oposición previa.
• El Alto Tribunal argumenta que la Constitución Española (art. 14) y el Estatuto Básico del Empleado Público exigen imperativamente que el acceso al empleo público se rija por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Convertir automáticamente en personal fijo a quienes entraron temporalmente sin superar un proceso selectivo para plazas fijas supondría una interpretación contra legem (contraria a la ley española). El Tribunal advierte que esto consolidaría un ingreso fraudulento por la "puerta de atrás", perjudicando inconstitucionalmente al resto de ciudadanos que aspiran a esas plazas en condiciones de igualdad y menoscabando la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea.
• Por tanto, para aquellas personas que sufren abuso de temporalidad pero no han aprobado una oposición, al estar prohibida su conversión a fijos y haber desaparecido la figura del INF, la Sala instaura un nuevo mecanismo de reparación y sanción basado en dos vías acumulativas:

1. Doble indemnización económica: Al extinguirse la relación laboral, el trabajador tendrá derecho a cobrar su indemnización ordinaria por cese y, de forma totalmente independiente y adicional, una indemnización compensatoria específica por el abuso en la temporalidad. Esta segunda indemnización busca reparar los daños materiales (p. ej., si cobró menos que un fijo) y morales derivados de la precariedad continuada. Ante la dificultad de probar el daño moral, el Tribunal fija que se utilice como baremo orientativo mínimo las cuantías de las multas de la LISOS (Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social), pudiendo ser mayor si el trabajador acredita daños superiores.

2. Sanción administrativa: Adicionalmente, los juzgados deberán remitir testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) para que incoe un expediente e imponga multas directas a la Administración pública incumplidora, logrando así el efecto disuasorio que exige Europa.

• Finalmente, el Tribunal constata que la demandante de este caso concreto representaba la excepción a esta regla general, puesto que ella sí había superado una prueba selectiva (oposición) en 2005, demostrando su mérito y capacidad. Al no existir en su caso el obstáculo constitucional, la Sala le reconoce directamente la condición de trabajadora laboral fija.