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La Inspección de Trabajo intervino en una clínica de odontología donde
los odontólogos son pagados por una segunda empresa y no están dados de
alta en el Régimen General de la Seguridad Social. La Inspección
considera que la relación de los odontólogos con la empresa es laboral y
no como autónomos, por lo que ha iniciado un procedimiento judicial.
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