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Empleados de empresas concesionarias del Principado de Asturias, ven como sus empresas les aplican la misma reducción salarial que a los funcionarios. Los trabajadores afectados presentaron una demanda.
La sentencia confirma la legalidad de la reducción salarial aplicada, alineándose con los ajustes salariales impuestos por la administración pública a sus empleados, basándose en el artículo 30 del convenio colectivo.
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