¿Hay contradicción sobre la indemnización por negar teletrabajo por conciliación si solo en un caso existía acuerdo colectivo?
Sentencia de Tribunal Supremo del 07/10/2026 en materia de TELETRABAJO
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Resumen
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la persona trabajadora y declara la firmeza de la sentencia de suplicación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había mantenido su derecho a teletrabajar el 100 % de la jornada por razones de conciliación y había dejado sin efecto la indemnización por daños morales de 7.501 euros reconocida en instancia. La Sala considera que no concurre la contradicción exigida por el artículo 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, porque en el caso recurrido la empresa ajustó su respuesta a un acuerdo colectivo suscrito con el comité de empresa sobre el modelo de teletrabajo, circunstancia inexistente en la sentencia de contraste. Ese acuerdo no puede rebajar las garantías del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, pero sí puede incidir en la valoración de la razonabilidad de la conducta empresarial a efectos de apreciar una vulneración de derechos fundamentales indemnizable. Al apreciarse una causa de inadmisión, el Tribunal Supremo no se pronuncia sobre el fondo de la controversia.
Supuesto de hecho
- La persona trabajadora, con categoría de teleoperador especialista, prestaba servicios en teletrabajo desde la pandemia de COVID 19 desde su domicilio en la provincia de Zaragoza, estando adscrita a un centro de Barcelona. Tiene dos hijos menores, el menor nacido en 2023, y su cónyuge trabaja en Madrid de lunes a viernes.
- En junio de 2023 la empresa y el comité de empresa firmaron un acuerdo que implantaba un modelo híbrido de 50 % presencial y 50 % teletrabajo, reservando el teletrabajo al 100 % a mujeres embarazadas y a progenitores con hijos menores de un año.
- En septiembre de 2023 la persona trabajadora solicitó mantener el teletrabajo al 100 % al amparo del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. La empresa abrió un período de negociación de quince días y le requirió documentación, que fue aportada.
- La empleadora respondió que solo cabía el teletrabajo íntegro hasta que el menor cumpliera un año conforme al acuerdo colectivo, con domicilio en la provincia de Barcelona o limítrofes, y que no se había acreditado la situación del otro progenitor ni concretado la franja horaria en conflicto.
- El Juzgado reconoció el derecho al teletrabajo íntegro y una indemnización de 7.501 euros. La sentencia de suplicación mantuvo el derecho pero revocó la indemnización. La parte recurrente denunció la infracción del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores en relación con los artículos 14 y 39 de la Constitución Española; la empresa y el Ministerio Fiscal sostuvieron la falta de contradicción.
Consideraciones jurídicas
- La Sala examina si existe contradicción entre la sentencia recurrida y la de contraste, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, recordando que exige pronunciamientos opuestos en conflictos sustancialmente iguales. Aprecia a priori una identidad sustancial: teleoperadores con cargas familiares que, tras teletrabajar por la pandemia, solicitaron mantener el teletrabajo íntegro, obtuvieron judicialmente el derecho y recibieron soluciones opuestas en cuanto a la indemnización. No obstante, considera necesario profundizar en su propia doctrina antes de decidir.
- El Tribunal razona que no toda infracción de la ley que desarrolla un derecho fundamental vulnera ese derecho. Adaptando el doble canon de la jurisprudencia constitucional, solo hay vulneración cuando la actuación prescinde de toda valoración del derecho o su resultado es absurdo, ilógico o manifiestamente contrario a la ley. Si la oposición se funda en argumentos jurídicamente razonables, el litigio es de legalidad ordinaria aunque el juez estime la pretensión, pues lo contrario afectaría al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva.
- La Sala recuerda, con sus STS 379/2023, de 25 de mayo, y 130/2026, de 4 de febrero, que las medidas de conciliación tienen dimensión constitucional desde la no discriminación por razón de sexo y la protección de la familia. Sin embargo, concluye que la denegación empresarial de una medida de conciliación no implica necesariamente discriminación, aunque finalmente se estime la petición, cuando responde a una finalidad legítima con medios proporcionados y razones fundadas y objetivas vinculadas a las necesidades del servicio.
- Respecto del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, distingue dos elementos. El procedimental, siguiendo sus STS 825/2025, de 24 de septiembre, y 687/2026, de 9 de septiembre, tiene valor primordial: denegar sin el proceso negociador o con una negociación puramente formal supone con carácter general vulneración del derecho fundamental e indemnización, salvo medida manifiestamente irrazonable. El material, la ponderación de necesidades, solo trasciende la legalidad ordinaria cuando la oposición empresarial carece de razonabilidad, lo que exige una valoración casuística de difícil unificación.
- Aplicando esta doctrina, la Sala constata que en la sentencia de contraste no hubo negociación alguna, mientras que en la recurrida se agotó el plazo, aunque pueda discutirse si fue una negociación auténtica. Subraya que el precepto remite primero a la negociación colectiva y solo en su ausencia impone el proceso de negociación individual. En el caso recurrido existía un acuerdo colectivo al que la empresa pretendió ajustarse, y las objeciones del recurso sobre ese pacto no constan en los hechos probados ni se introdujeron en suplicación.
- La Sala precisa que el acuerdo colectivo no puede disponer a la baja de los mínimos legales, ni de las garantías procedimentales ni de los supuestos de ejercicio del derecho, por lo que ajustarse a él no conlleva desestimar la pretensión de conciliación. Sí puede incidir, en cambio, en la razonabilidad de la conducta empresarial a efectos de una vulneración indemnizable. Esa diferencia esencial impide apreciar contradicción y, de conformidad con el Ministerio Fiscal, la causa de inadmisión se convierte en causa de desestimación, declarándose firme la sentencia recurrida.
Conclusión Lexa
Cuando en un caso la empresa ajusta su respuesta a una solicitud de conciliación a un acuerdo colectivo y en el otro no existe pacto, no hay contradicción para unificar doctrina sobre la indemnización por vulneración de derechos fundamentales. Denegar una medida de conciliación solo vulnera derechos fundamentales si se omite el proceso negociador, se desarrolla de forma puramente formal o la oposición carece de razonabilidad, y el acuerdo colectivo puede incidir en esa razonabilidad. El fondo queda sin pronunciamiento.
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