¿Estima el Tribunal Constitucional que la constitución impone una negociación colectiva "centralizada" o "descentralizada"?

Artículo 14.1. Prevé la posibilidad de que, en caso de discrepancia entre la empresa y los trabajadores respecto de la posible no aplicación de un convenio colectivo (el denominado “descuelgue”), la solución del conflicto pueda someterse a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o a órganos autonómicos equivalentes.

El Parlamento de Navarra alega que se vulnera el reconocimiento constitucional de la fuerza vinculante de los convenios colectivos (art. 37.1 CE), la libertad sindical (art. 28.1 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Por su parte, el Tribunal Constitucional entiende que la Comisión conseguiría “la adaptación de las condiciones laborales a las circunstancias adversas que concurran en una empresa, sobrevenidas después de la aprobación del convenio” ante el riesgo de que el mantenimiento de esas condiciones “pueda poner en peligro la estabilidad de la empresa y, con ello, el empleo”.

Asimismo, el Pleno expone las limitaciones de esta medida: solo se produce cuando en la empresa concurren “causas económicas, técnicas, organizativas o de producción” determinadas por la ley y cuando empresario y trabajadores ya han agotado todas las vías de negociación y no logran llegar a un acuerdo sobre la inaplicación del convenio. la inaplicación del convenio deberá ceñirse “estrictamente” a las materias tasadas por el precepto legal, directamente ligadas “a la finalidad de defensa de la productividad de la empresa y sus consecuencias sobre el mantenimiento del empleo” y su duración será limitada en el tiempo sin poder prolongarse tras la vigencia del propio Convenio.

Por lo tanto, constituye una medida excepcional, que resulta justificada, razonable y proporcionada, en atención a la legítima finalidad constitucional lo que hace descartar la alegada vulneración del art. 37.1 CE y del art. 28.1 CE. El Tribunal recuerda que la Comisión es un órgano adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pero que “no se encuentra incorporado en la estructura jerárquica” del Ministerio y “ejerce sus competencias con independencia y autonomía funcional plenas”; por lo que no se producirá la vulneración de la tutela judicial efectiva siempre y cuando se interprete lo establecido en la ley en el sentido de que cabe un “control judicial pleno” sobre la decisión de la Comisión u órgano autonómico equivalente y que ese control incluya “la concurrencia de las causas y la adecuación a ellas de las medidas adoptadas”.