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El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la empleadora y confirma la sentencia de suplicación que acogió la adaptación de jornada solicitada por la persona trabajadora y condenó a la empresa a abonar 7.501 euros por daños morales y vulneración de derechos fundamentales. La Sala considera que la apertura del periodo de negociación previsto en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores es un trámite imperativo para la empresa, de modo que no está autorizada a responder directamente con una negativa, aunque sea motivada. Por ello, cuando la empresa incumple ese deber, procede acoger judicialmente la medida en los términos solicitados, salvo que resulte manifiestamente irrazonable o desproporcionada. En el caso, la adaptación pedida no presenta ese carácter, porque existe un sustrato fáctico que permite apreciar razonablemente las necesidades de conciliación alegadas.
Cuando la empresa deniega una adaptación de jornada por conciliación sin abrir el proceso de negociación, procede acoger judicialmente la medida en los términos solicitados, salvo que resulte manifiestamente irrazonable o desproporcionada. La negociación es un trámite imperativo que no puede sustituirse por una negativa directa, aunque sea motivada, y basta un sustrato fáctico que permita apreciar razonablemente las necesidades de conciliación para que la medida no se considere irrazonable.
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