¿Computan las bajas voluntarias y las no superaciones del periodo de prueba para apreciar un despido colectivo de hecho?
Sentencia de Tribunal Supremo del 30/09/2026 en materia de DESPIDO COLECTIVO, ERTES Y ERES
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Resumen
El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de casación de CGT, anula la sentencia de la Audiencia Nacional y declara la nulidad del despido colectivo de hecho efectuado por la empleadora en los tres meses anteriores al 16 de octubre de 2025, con derecho de las personas trabajadoras cesadas desde el 6 de agosto de 2025 a percibir los salarios no devengados hasta la notificación de la sentencia, reintegrando la indemnización recibida. La Sala considera que en ese periodo se produjeron 31 extinciones en una plantilla de 1.185 personas, superándose el umbral de 30 del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, al computar junto a los despidos objetivos y disciplinarios las no superaciones del periodo de prueba y las bajas voluntarias. Estas últimas computan porque se produjeron en el contexto de un proyecto de reestructuración con 63 o 65 potenciales afectados, sin que la empresa justificara los ceses en prueba y constando en su propio certificado que las bajas obedecían a ese proyecto. En cambio, no anula los acuerdos de condiciones de salida pactados con dos comités de empresa, que no extinguen contratos.
Supuesto de hecho
- La empleadora, una empresa de consultoría informática con 1.185 personas trabajadoras y centros en varias comunidades autónomas, anunció en enero de 2025 un proyecto internacional de transición de sus funciones corporativas a otra empresa. En las reuniones con la representación de los trabajadores cifró en 63 y luego en 65 las personas potencialmente afectadas, aunque precisó que no todas lo serían.
- Durante esas reuniones la empresa sostuvo reiteradamente que no se alcanzaban los umbrales del despido colectivo. En agosto y septiembre de 2025 suscribió acuerdos con los comités de empresa de Málaga y Madrid que regulaban las condiciones indemnizatorias de los despidos objetivos individuales vinculados al proyecto, mientras que en Barcelona la plantilla rechazó un acuerdo similar.
- En los tres meses anteriores a la presentación de la demanda, el 16 de octubre de 2025, se produjeron 31 extinciones: un despido objetivo vinculado al proyecto, cuatro despidos objetivos por otras causas, siete despidos disciplinarios, tres no superaciones del periodo de prueba y 16 bajas voluntarias.
- CGT interpuso demanda de impugnación de despido colectivo solicitando la nulidad de los acuerdos de Málaga y Madrid por incumplir los requisitos del procedimiento de despido colectivo y por mala fe negocial, abuso de derecho y fraude de ley, la nulidad de los despidos realizados desde su firma y la readmisión de las personas afectadas con salarios de tramitación.
- La Audiencia Nacional desestimó la demanda y absolvió a los demandados al no apreciar la existencia de un despido colectivo. CGT recurrió en casación con cinco motivos de revisión fáctica y uno de infracción de normas, al que se opuso la empresa, mientras que CSIF no se opuso a dos de sus motivos y el Ministerio Fiscal interesó su estimación.
Consideraciones jurídicas
- El Tribunal Supremo examina si existió un despido colectivo de hecho en los tres meses anteriores al 16 de octubre de 2025, fecha de la demanda, periodo de referencia de 90 días que ninguna parte cuestiona. Desestima los cinco motivos de revisión fáctica y, en particular, rechaza elevar a 141 las extinciones del periodo con un fichero general de afiliación, porque no consta la causa de las bajas y el error exigiría operaciones aritméticas.
- La Sala recuerda que, según la STJUE de 22 de febrero de 2024, asunto C-589/22, la obligación de información y consulta de la Directiva 98/59 nace cuando el empresario proyecta una reducción de puestos que puede superar los umbrales, y no cuando tiene la certeza de alcanzarlos. Con más de 300 personas en plantilla, el umbral es de 30 extinciones en 90 días conforme al artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, computando también las producidas por iniciativa empresarial por motivos no inherentes a la persona trabajadora. Al existir 63 o 65 potenciales afectados, apunta que cabría entender nacida esa obligación desde enero de 2025, aunque considera innecesario profundizar en ello.
- La Sala concluye que, incluso partiendo de las extinciones declaradas probadas, se superó el umbral y se produjo un despido colectivo de hecho. Siguiendo la STS 558/2023, de 19 de septiembre, y la STS 933/2021, de 23 de septiembre, lo describe como un conjunto de extinciones realmente colectivas adoptadas sin seguir el procedimiento del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores u ocultando su carácter colectivo. Nadie discute el cómputo de los cinco despidos objetivos y de los siete disciplinarios, reconocidos como improcedentes, de modo que la controversia se centra en las no superaciones del periodo de prueba y las bajas voluntarias.
- Respecto de las tres no superaciones del periodo de prueba, la Sala rechaza la tesis empresarial de que no computan y aplica la STS 933/2021, que incluyó en el cómputo de un despido colectivo de hecho extinciones por supuesta no superación del periodo de prueba. Atiende especialmente al contexto de un proyecto con 63 o 65 potenciales afectados en el que la empresa negó desde el principio estar ante un despido colectivo, y a que esta no intentó acreditar mínimamente las razones de esas extinciones.
- En cuanto a las 16 bajas voluntarias, sigue la STS 449/2023, de 22 de junio, reiterada por la STS 558/2023 respecto de extinciones de mutuo acuerdo, según la cual computan porque, aunque concurra la voluntad de la persona trabajadora, tienen su causa y origen en la iniciativa empresarial y se producen en el contexto de la reducción de plantilla. Considera que las circunstancias impiden desvincular las bajas del periodo del proyecto de reestructuración, y destaca que el propio certificado de extinciones elaborado por la empresa atribuye todas ellas a dicho proyecto.
- La estimación del recurso es solo parcial. La Sala razona que en la modalidad de impugnación de despido colectivo no cabe anular los acuerdos con los comités de Málaga y Madrid, porque no extinguen contratos ni adoptan otras medidas, como modificaciones sustanciales o inaplicación de convenio, que deban impugnarse por esa vía, por lo que podrán combatirse por conflicto colectivo. Además, por congruencia con la demanda, limita el derecho a salarios a las extinciones producidas desde el 6 de agosto de 2025, con reintegro de la indemnización recibida.
Conclusión Lexa
Existe un despido colectivo de hecho cuando, en un periodo de 90 días, se supera el umbral legal computando también las no superaciones del periodo de prueba y las bajas voluntarias producidas en el contexto de una reestructuración que la empresa niega como despido colectivo. Computan las primeras si la empresa no acredita sus razones y las segundas cuando, pese a la voluntad de la persona trabajadora, tienen su origen en la iniciativa empresarial.
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