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Una empresa de limpieza, intentó modificar la jornada laboral de sus trabajadores de limpieza de 35 a 39 horas semanales por una nueva adjudicación de un contrato municipal. Esta decisión provocó un conflicto sobre si tales cambios debían negociarse con los representantes de los trabajadores, respetando así sus derechos históricamente establecidos.
La resolución judicial entiende que la modificación de la jornada laboral de 35 a 39 horas no constituye un abuso de derecho. Por lo que la respalda fundamentada en precedentes legales que reconocen la posibilidad de alterar condiciones laborales más beneficiosas por razones de eficiencia y productividad.